Gobierno cambia reglamentación de la ley de Defensa de la Competencia

El Gobierno nacional anunció este jueves cambios importantes en la Ley de Defensa de la Competencia, a través del Decreto 803/2025 publicado en el Boletín Oficial. ¿El objetivo? Acelerar la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia. Esto busca garantizar un mercado más justo y transparente para todos.

Firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, el nuevo decreto establece que la Autoridad empezará a funcionar “inmediatamente después de constituida”, eliminando el periodo de 60 días que se establecía anteriormente.

Qué establece el decreto

El decreto detalla que el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá crear su reglamento interno y las normas necesarias para su actuación, siempre en línea con la legislación vigente. Además, habrá supervisión por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), asegurando así “publicidad y transparencia” en aspectos como gastos, nombramientos y contrataciones.

El Gobierno justificó esta medida señalando la necesidad de “evitar dilaciones en la puesta en marcha y operatividad” de este organismo, argumentando que su rápida constitución ayudará a proteger la libre competencia y el interés económico general.

El objetivo de la norma

La entrada en vigencia del Decreto 803/2025 representa un cambio significativo en la política de defensa de la competencia. Desde 2018, las tareas de control antimonopolio estaban a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, lo que generaba críticas por la falta de autonomía e independencia en las decisiones.

Con la creación formal de la Autoridad Nacional de la Competencia, el Gobierno busca descentralizar la regulación y otorgar a este nuevo organismo poderes propios para sancionar y supervisar el comportamiento de las empresas. Este cambio es crucial en el contexto de reconfiguración de la economía argentina, donde la transparencia y la competencia son clave.

Desde un punto de vista institucional, este nuevo marco se presenta como un avance hacia un sistema moderno de control de mercado, similar a organismos como la Comisión Europea de Competencia o la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos.

Aunque el decreto no fija plazos exactos para los nombramientos, la selección de autoridades será clave para el éxito del nuevo esquema. Un ente independiente permitirá vigilar fusiones y adquisiciones, evaluar concentraciones económicas y sancionar prácticas abusivas en sectores estratégicos como energía, alimentos, telecomunicaciones y transporte.

En términos económicos, la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de la Competencia busca fortalecer la transparencia en la formación de precios, mejorar el clima de inversiones y brindar mayor previsibilidad a los mercados. Esto también incluirá un marco regulatorio robusto para controlar posiciones dominantes y fusiones empresariales, que son críticos en una economía con alta concentración sectorial.

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